Crítica situación del Ayuntamiento de Marmolejo pendiente ahora de más sentencias

"Por desgracia, esta sentencia en contra de los intereses de todos los marmolejeños tal vez no sea la última, ya que el Ayuntamiento ha recibida otra similar, y estamos pendientes de tres más. La empresa que solicitó el embargo de las cuentas ha pedido ahora, al no producirse el pago mediante las cuentas municipales, el embargo de bienes. Entre ellos se encuentran la Aldea Turística de la Dehesilla y la Cooperativa de hortelanos. Pronto pedirán el embargo del propio Ayuntamiento", apunta el primer edil.

El alcalde ha hecho público en un comunicado que hace unos días el Ayuntamiento aprobó en pleno la ejecución de otra sentencia desfavorable por la construcción inconclusa de la residencia municipal "por la que se nos obliga a pagar casi 100 millones de pesetas. Incluso hay una sentencia por un procedimiento del año 2003, de nuevo durante mandato socialista, por obras en el pabellón polideportivo. La empresa constructora de estas instalaciones, también ha pedido el embargo de bienes".

Bartolomé Soriano se remonta al origen de esta situación de la que pende un hilo el consistorio marmolejeño "por procedimientos iniciados siendo concejal de Urbanismo Manuel Lozano. El mensaje del candidato socialista está caduco y hace tiempo no convence a nadie, porque carece de legitimidad. Sorprende y mucho el silencio cómplice y la manga ancha del PSOE a nivel provincial y andaluz, al permitir a un imputado presentarse como cabeza de lista a las elecciones municipales y al mismo tiempo querer ser la bandera de la tolerancia cero ante la corrupción", indica.

El embargo, por el cual el Ayuntamiento ha tenido retenido mas de 500.000 euros obedece a una sentencia contra el Ayuntamiento de Marmolejo por la venta de parcelas en el polígono industrial en 2006 "fue durante el mandato del PSOE, con el actual candidato socialista a la alcaldía de Marmolejo, Manuel Lozano, como concejal de Urbanismo. El mismo que se encuentra ahora imputado de nuevo por un delito contra la ordenación del territorio y la Administración Pública, entre otras cosas, por conceder licencias en contra de informes técnicos de la Junta de Andalucía", sentencia Soriano.