Un último estudio resalta la crudeza de la antigua fábrica de uranio, la FUA

El doctor en Geografía e Historia Contemporánea y profesor de Enseñanza Secundaria, Juan Antonio Muñoz Castillo, ha escrito un artículo en la revista 'Argentaria' (se trata de una publicación cultural y costumbrista de las Cuatro Villas), donde revela que la fábrica de uranio de Andújar (FUA) se convirtió en el principal activo del patrimonio nuclear del Sur de España en la provincia de Jaén. Asevera que su historia fue. «La de una cadena de errores, que pese a posteriores intentos por paliarlos llevaron a una tragedia humana y social imposible de borrar por más versiones oficiales que se pretenden difundir en el momento en que no queden testigos de la misma», relata.

Este estudioso habla de una importante riqueza de minas de uranio, que se encontraban en los yacimientos situados al norte y noroeste del Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, conocidos como Navalasno, Montealegre, Raso de los Machos y la Virgen. «Investigados a partir de 1945 y recogidos en el Decreto de 4 de octubre que dio inicio a la carrera nuclear española, fueron explotados por la Junta de Energía Nuclear», rememora Muñoz Castillo.

Comienzos

La antigua fábrica de uranio en Andújar se puso en marcha en el año 1959 y cesó su actividad el día 15 de julio de 1981. Juan Antonio Muñoz habla de que la exposición de los obreros a la radioactividad. «Se daba en dosis muy superiores permitidas por cualquier manual de seguridad», detalla en su informe. Apunta, a que pese realizaron algunas modificaciones internas en la FUA. «A partir de 1970 (donde se conoce el primer fallecimiento de un trabajador por causas oncológicas) comenzaron a manifestarse en los trabajadores los primeros síntomas de su exposición constante durante su jornada laboral, no solo al polvo desprendido de la trituración y lavado químico de los minerales, sino también a las ingentes dosis de radioactividad», especifica. Tras ese primer fallecimiento se produjo un goteo de muertes «lento, pero constante». Pero había por entonces mucho secretismo impuesto por el director de la fábrica, el doctor Perarnau.

El cambio de política energética a principios de la década de 1980, no ayudó al problema y este estudioso afirma que pese a cesaron los experimentos en la FUA. «Tanto la escombrera estériles de la fábrica, como las antigua minas uraníferas de la Sierra de Andújar siguieron soltando radón y subproductos radiactivos sin tasa, en particular la FUA, situada sobre un sustrato arcilloso y aluvial, a la par que un considerable acuífero».

Muñoz Castillo lamenta que, a pesar de las documentadas pruebas médicas realizadas a los trabajadores en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. «Se le negaron sus justas indemnizaciones por las enfermedades oncológicas derivadas de su exposición constante a la radioactividad». También habla del inicio de las labores de desmantelamiento y sellado de la antigua FUA. «Casi con una década de retraso, mientras seguía el goteo de fallecimientos, analíticas interminables, a la par que dolorosos procedimientos judiciales», describe este experto que realiza unas conclusiones demoledoras. Las labores duraron entre los años 1991 y 1994 y Muñoz Castillo habla «de un exceso triunfalismo por parte de Enresa».

Acuerdo parlamentario

Por otra parte, en junio del año 2019 se abrió una brizna de esperanza. El pleno del Parlamento andaluz aprobó por unanimidad su apoyo a las reivindicaciones de los extrabajadores de la Fábrica de Uranio, en relación al reconocimiento de los padecimientos sufridos en su vida laboral por la actividad desarrollada en esta fábrica, y los derechos y el resarcimiento que de ello se deben derivar.

De acuerdo con una proposición no de Ley defendida por el grupo Adelante Andalucía, la Cámara instó a la Junta a que gestione de manera urgente una reunión entre la Consejería de Salud, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y la Asociación de Ex trabajadores de la antigua fábrica de uranio para acordar los criterios y la forma de resarcir económicamente a los trabajadores que prestaron sus servicios en la factoría y a las viudas y familiares de los que ya han fallecido, por los perjuicios sufridos en el desempeño de su actividad laboral. El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, remitió una carta al Ministerio, pero llegaron los cambios de gobierno y la pandemia y el tema se ralentizó.