Un último acuerdo en el Parlamento abre la esperanza en el tema desalentador de la Fua

De acuerdo con una proposición no de Ley defendida por el grupo Adelante Andalucía, la Cámara instó a la Junta a que gestione de manera urgente una reunión entre la Consejería de Salud, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y la Asociación de Ex trabajadores de la antigua fábrica de uranio para acordar los criterios y la forma de resarcir económicamente a los trabajadores que prestaron sus servicios en la factoría y a las viudas y familiares de los que ya han fallecido, por los perjuicios sufridos en el desempeño de su actividad laboral.

Ese apoyo unánime del Parlamento andaluz no esconde una historia trufada de desencantos y promesas incumplidas hacia el colectivo de l la antigua Fábrica de Uranio, la Fua, que estuvo en activo desde 1959 y hasta 1981. Trataba el mineral de uranio para la obtención de concentrado de óxido de uranio. En la misma trabajaron de manera habitual 126 trabajadores, de los cuales ya han fallecido en torno al 90% y los que quedan están afectados por el contacto del uranio.

Por fin un acuerdo

Tras varios años de gestiones, de luchas, de debates en las instituciones, el día 22 de septiembre de 2005 se acordó de forma unánime por todos los grupos parlamentarios representados en el Congreso de los Diputados buscar una solución a la problemática de los antiguos trabajadores de la Fábrica de Uranio y a las viudas de los ya fallecidos. El día 27 de febrero del año 2006 se firmó en Jaén el Protocolo General de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para la realización de actuaciones conjuntas en relación con los trabajadores afectados de patologías derivadas de la utilización laboral del uranio.

Informe demoledor

El 27 de julio de 2007 se emite un informe científico-técnico apoyado por un equipo multidisciplinar de un centro hospitalario público universitario, encargado por la Consejería de Salud. El informe revela que la «exposición prolongada al polvo del uranio desencadenó una constelación de patologías como una disfunción multiorgánica afectando a riñones y pulmones y mala calidad de vida relacionada con la salud», concluye el estudio.

Posteriormente se registró en el Congreso de los Diputados un informe de análisis técnico-jurídico en materia de seguridad e higiene del trabajo sobre la exposición a radiaciones ionizantes de los ex trabajadores de la Fábrica de Uranio, realizado por Jacinto Contreras, ingeniero-técnico de Química Industrial por la Universidad Laboral de Huesca y ex presidente del Comité de Empresa de la central nuclear de Valdecaballeros y técnico de Seguridad e Higiene del Trabajo.

Este experto advierte del riesgo de cáncer que suscitaba la exposición y manipulación del mineral del uranio «de la que no se dio formación ni información a los trabajadores sobre el riesgo que conllevaba esta exposición». Esta conclusión también reveló que existió una relación causa-efecto entre las patologías desarrolladas por estos ex-trabajadores y la exposición a radiaciones ionizantes.

Pese a estos informes tan clarificadores, han pasado los años sin que se les reconozca la enfermedad profesional lo que fue creando una sensación de injusticia, indefensión, desasosiego entre los antiguos empleados, mientras se consumían con el paso de los años hasta llegar a la resignación y a la muerte, en medio de muchas contradicciones.