La ocupación de casas en el barrio de La Paz destapa el drama del desahucio y de la crisis

Quedaron otras tantas vacías propiedad del Ministerio de Fomento. Izquierda Unida, grupo político del delegado de Fomento, presentó una moción en el pleno, que fue institucional, en la que reclamaba la cesión del Estado de esas casas al Consistorio, para que a su vez, se las concedieran a familias necesitadas. El Gobierno central esgrimió que estaban siendo utilizadas por los funcionarios del Ministerio y no las concedió. El pasado lunes por la tarde, cuatro familias ocuparon estas viviendas vacías, y como pudo comprobar el pasado viernes IDEAL ,existe una que si está siendo utilizada por el Ministerio como archivo.

Funcionarios presentaron una denuncia el martes por ocupación en la Policía Nacional de Andújar. Ya ha pasado el plazo de 72 horas, por el que se podía producir el 'desahucio 'exprés' por parte del juez. No se ha llevado a efecto y ahora este tema pasará a un procedimiento judicial normal, salvo que se produzca una novedad. Allí conviven las familias que aún quedan de los antiguos peones camineros, las seis familias que se legalizaron en 2012 y las cuatro que ocuparon las casas el pasado lunes.

Quienes llevan ahí toda la vida reclaman a la Administración que busque una salida más digna al problema y exigen que la ocupación se lleve por los cauces adecuados. Dicen que se ha suscitado un problema, porque atestiguan que no deja de venir gente a unas casas que están ya habitadas, con los conflictos que ello genera. Las familias que llevan desde el año 2012 dicen solidarizarse con los 'nuevos ocupantes', porque como dicen ellos han pasado por la misma situación.

Samara, una de las ocupantes, tenía una orden de desahucio el pasado día 2 de febrero, «me metí con mis dos niños en esta casa, porque nos quedábamos en la calle». A ella le adjudicaron una vivienda, que no lo aceptó «porque estaba amenazada y era un sitio donde se vendía y consumía droga y no podía aceptarla», justifica.

José y Rubén, son dos ocupantes que se han quedado sin ingresos y sin trabajo y ya no pueden vivir de lo que perciben sus padres. No están dispuestos a dejar a sus niños sin techo y en la calle y han habitado estas casas que llevan 30 años vacías. La asociación Por un sistema Alternativo está ayudando a estas familias a adecentar las casas. Su vicepresidente, José Navas, subraya que no pueden existir casas cerradas y gente en la calle. «Es inadmisible que el Estado permita esta situación», deplora.

El concejal de Presidencia, Jesús del Moral, comprende por la situación tan difícil por la que están pasando las cuatro familias que están ocupando las viviendas de los antiguos peones camineros del barrio de La Paz y recordó que ayer que estas casas son del Ministerio de Fomento, «pese a que se la hemos pedido desde el Ayuntamiento para gestionarlas y cederlas a familias con necesidades a través de Registro de Demandantes de Vivienda Pública, o también de los informes de los Servicios Sociales», explicó ayer en su comparecencia de los martes del Moral, quien recordó que la Junta si entregó las suyas para que se concedieran. Funcionarios del Ministerio de Fomento denunciaron a la Policía Nacional de Andújar esta situación.

Explicó que la Policía Local tomó los datos de las personas que ocuparon el pasado día 1 de febrero estas viviendas y añadió que desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento se están atendiendo a estas familias, que como reseñó, algunas de las cuales son usuarias. «Debido a las situaciones límite que están pasando muchas familias por culpa de una crisis económica que no ha finalizado», espetó el concejal.

Anunció el edil que el Consistorio está trabajando para que una de las viviendas ocupadas por la Consejería de Fomento (se utiliza para archivo de Obras Públicas) se ceda al municipio y así entregarlas a una familia, atendiendo al listado del Registro de Demandantes de Vivienda Pública y del informe de los Servicios Sociales.

Jesús del Moral aclaró que en un principio se ocupó una vivienda, y después otras tres más. El Ayuntamiento ha estado en contacto con la Subdelegación del Gobierno para informarle de lo acontecido. Fuentes cercanas han indicado que se han limitado a presentar la denuncia correspondiente.