La consejera de Igualdad y Políticas Sociales visita el Complejo de Atención Especializada para Personas con Discapacidad de la ciudad

Para el alcalde de Andújar "la visita de la consejera a la ciudad y más concretamente al Complejo de Atención Especializada para Personas con Discapacidad, demuestra el compromiso que tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento tienen con los que más lo necesitan". Paco Huertas resaltó, además, que en una semana es la segunda vez que se reúne con la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, y que en ambos casos se han tratado temas de relevancia para Andújar.

Este complejo, que se encuentra en marcha desde 2012, cuenta con 39 plazas concertadas, y supuso una inversión para la Junta de Andalucía de 4.527.066,26 euros para su construcción y equipamiento. De las 39 plazas, 15 son plazas residenciales para personas gravemente afectadas, situadas en la planta baja del complejo residencial, que cuenta con zonas de esparcimiento y dotación de infraestructuras independientes para ofrecer una prestación de calidad a estas personas. Junto a ello, el centro incluye 24 plazas residenciales para adultos, situada en la primera planta, que incorpora una unidad de centro ocupacional, en el que las personas atendidas desarrollan diversos talleres para el refuerzo de sus habilidades.

Así, este centro presta todo tipo de apoyo a las actividades de la vida diaria de estas personas, así como asistencia sanitaria, fisioterapia, terapia ocupacional, animación sociocultural, asistencia social y psicológica. Este complejo es gestionado por la empresa "Entrepinares del Mercadillo S.L.".

La entidad gestora ha sido distinguida con una Bandera de Andalucía de la Junta de Andalucía por su labor dirigida al mantenimiento y mejora de la calidad de vida de este colectivo a través de un proyecto centrado en la prestación de servicios de desarrollo personal y social, a las personas con ese perfil.

Ley de Derecho de Atención a Personas con Discapacidad

María José Sánchez Rubio ha destacado el compromiso de la Junta de Andalucía con las personas con discapacidad, como refleja el anteproyecto de Ley de los Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad. La Junta reservará el 5% de sus contratos relacionados con servicios como logística, jardinería o lavandería a los centros especiales de empleo, empresas que cuentan en su plantilla con un mínimo del 70% de trabajadores con discapacidad. Esta es una de las principales medidas recogidas en el anteproyecto de ley que reforzará los derechos sociales de este colectivo.

La nueva normativa obligará a la Administración andaluza a elaborar un plan específico de empleo para este colectivo, afectado por una tasa de paro del 43%, y a reservarle un 3% de las plazas en los cursos de formación y de al menos un 5% de las de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo.

A la vigente reserva del 7% de plazas en las ofertas de empleo público, el anteproyecto añade obligaciones específicas de organización y adaptación de estos puestos y de sus dependencias y equipamiento físico. Entre los derechos regulados en la nueva normativa destaca el de la igualdad de oportunidades y no discriminación, que contará con un régimen sancionador autonómico, con multas que oscilan entre los 301 euros de las faltas leves a los 300.000 euros para las muy graves que supongan la prohibición de acceso o la carencia de espacios reservados para personas con discapacidad.

La nueva Ley andaluza de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad obligará a regular por decreto en el plazo máximo de un año la atención temprana infantil para menores de seis años. De este modo, se garantizará la respuesta integral a las necesidades de esta población con trastornos de desarrollo o con riesgo de padecerlos. En el mismo plazo se tendrá que formular el Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad en Andalucía. La futura normativa también mantendrá la posibilidad de que la Junta de Andalucía otorgue prestaciones económicas complementarias a las estatales para las personas en situación de necesidad y subvenciones que favorezcan la inclusión social.

Para favorecer la accesibilidad universal, la ley fijará la obligación de que el Gobierno andaluz regule condiciones de accesibilidad y no discriminación, no sólo respecto a vías públicas, edificaciones o transportes, sino también a bienes y servicios, a espacios naturales y a instalaciones temporales para la realización de espectáculos públicos, actividades recreativas, culturales y sociales. Asimismo, los centros directivos de la Administración andaluza deberán establecer ayudas para financiar ajustes en materia de accesibilidad universal (rampas, elevadores o pictogramas).