Los partidos políticos y los sindicatos explotan sus privilegios

En cada caso el que está en el otro bando insta a dimisiones mientras que los del bando de los presuntos acusados hablan de la presunción de inocencia y esperan que todo se diluya en un entramado legal que entre aforados e instrucciones, que se dilatan en el tiempo, hacen que la alarma social se vaya desvaneciendo para que al final todo quede en aguas de borrajas. Es cierto que debe existir la presunción de inocencia pero también es cierto que los administradores de nuestros bienes no solo deben ser honrados sino que también deben parecerlo.

Ninguna persona es imprescindible y por tanto sería conveniente que todo aquel sobre el que caiga la más mínima duda deje de ocupar un cargo público y se dedique a defenderse sin ampararse en las instituciones que deben velar por el bien común. Ningún ciudadano pondría a administrar sus bienes a una persona sobre la que cae la más mínima duda sobre su honradez. ¿Por qué los ciudadanos hemos de aguantar en nuestras administraciones a personas que nos generan dudas por su comportamiento? El bien común debe prevalecer sobre el bien de los individuos y por ello no debemos dejar que nos administren personas que están encausadas en procesos de corrupción o cualquier otro tipo de proceso judicial.

Pero quiero ir aún más lejos. Cualquier empresa o ciudadano que recibe una subvención debe demostrar que no tiene deudas pendientes con la administración y que no tiene ningún expediente abierto. ¿Por qué cuando se trata de partidos políticos o sindicatos bajamos tanto el nivel de exigencia que seguimos subvencionándolos a pesar de los escándalos a los que nos tienen acostumbrados? Desde mi modesta y nada despreciable condición de ciudadano exijo que se les retengan todas las subvenciones a partidos políticos y sindicatos que no puedan demostrar que las subvenciones recibidas han sido utilizadas para el fin que se les concedió. Para ello no hace falta legislar sino aplicar a estas instituciones o asociaciones el mismo criterio que se les aplica a los ciudadanos.