La oposición se une en contra de la política de personal del Consistorio

Los portavoces del PSOE, IU y PA Francisco Huertas, Juan Francisco Cazalilla y Encarnación Camacho leyeron un comunicadon a través del que denunciaron como principales puntos de conflicto la judicialización de las relaciones laborales, cambios de actitud del convenio colectivo o  la intromisión en la labor de los técnicos.

Además, apuntan que existen situaciones de precariedad laboral tales como vehículos circulando sin seguro y sin pasar la ITV, la ausencia de medios de seguridad y salud para el desempeño del trabajo o la falta de medios y equipos o falta de vestuario adecuado.

Los tres grupos de la oposición exponen que esta unión es un "intento de pedir un cambio de actitud del equipo de gobierno que frene una situación que se está haciendo insostenible" y que son los propios trabajadores municipales o sus representantes los que denuncian sistemáticamente situaciones que "a nuestro juicio son de extrema gravedad".

Respuesta municipal

El portavoz del equipo de gobierno, Francisco Carmona, respondió aludiendo que la oposición "sólo quiere sacar rentabilidad política del conflicto sindical en la negociación". Aportó documentación y destacó que "es sintomático que "el tripartito" se posicione en contra del gobierno y quieran sacar rentabilidad política. Esto indica que los tres son la misma cosa: radicalidad; que su objetivo es derribar al gobierno elegido democráticamente por los andujareños, romper la convivencia pacífica entre los trabajadores y entre los ciudadanos; crear crispación y enfrentamiento, cuando no tienen ningún conocimiento de la política de personal y sólo pretenden salir en la foto y conseguir algún titular; sacar rentabilidad política del conflicto sindical en la negociación del nuevo acuerdo convenio y enturbiar las relaciones de la empresa con los trabajadores".

Dejó claro que el gobierno municipal no va a enturbiar estas relaciones y van a seguir negociando normalmente con los representantes de los trabajadores. Afirmó que PSOE e IU sí que tenían una política laboral del S.XIX, con una precariedad laboral del 45%, que el gobierno del PP ha reducido al 3% y ahora los trabajadores son libres, "ellos no lo hicieron, para ser dueños de sus voluntades".

Respecto a la valoración de puestos de trabajo apuntó que ha supuesto 1 millón de euros más en gasto de personal, pero a su vez optimización de los servicios y eficiencia y eficacia por parte de los trabajadores. La discrepancia se sitúa en las ayudas sociales que anteriormente se pagaba entre trabajador y empresa y ahora tratamos de que se sólo la empresa, por debajo de los 30.000? anuales y no se han tocado ni las discapacidad ni por defunción."Están garantizados los pagos de las nóminas y regulados los atrasos, en tiempos del PSOE llegaron a pasar meses sin cobrar".

Los seguros de los vehículos demostró que están al día, al igual que la ITV, "que el alcalde ha ordenado que incluso se pasen antes de que cumplan" expuso Carmona. La prestación de los servicios dijo que está totalmente garantizada y destacó el compromiso y entrega de los trabajadores, la eficacia y eficiencia de los técnicos.