El Consistorio defiende con la normativa el monumento de Miguel Hernández en el Santuario de la Virgen de la Cabeza

El concejal de Cultura, Juan Francisco Cazalilla, ha especificado hoy en una comparecencia pública la situación actual respecto al expediente sancionador propuesto por la Junta de Andalucía relacionado con la instalación del monumento a Miguel Hernández en el Poblado del Santuario.

El edil manifestó que se procedió a un expediente sancionador por la construcción de un monumento en un lugar declarado Bien de Interés Cultural sin disponer de la previa autorización de la Administración Cultural de la Junta de Andalucía.

«Tras la apertura del expediente ha aclarado que los informes técnicos avalan que no es necesaria la autorización previa de la Consejería competente en materia de Patrimonio para actuaciones que impliquen una escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no requiera proyecto como es el caso del monumento al poeta», especificó.

Cazalilla añadió que la actuación que ha sido objeto de inicio de procedimiento sancionador, según acredita el informe que la acompaña, ha consistido en la colocación de una escultura de bronce apoyada sobre unas piedras preexistentes, la limpieza de dichas piedras que se encontraban encaladas en una parte importante de su superficie y el atornillado de una placa que contiene un texto del poeta.

No autorización

Cazalilla dedujo que la actuación no requiere una autorización previa, «ya que no supone ninguna construcción de un monumento sino la instalación de una escultura sin obra que no requiere de proyecto, el atornillado de una placa en una localización que no forma parte de ningún monumento ni jardín histórico», de ahí que el concejal de Cultura aseguró que este monumento se encuadraría en la excepcionalidad marcada para la solicitud previa, «puesto que la intervención no afecta a la estructura urbana ni las características generales del valor a proteger», defendió.

El máximo responsable del área de Cultura del Consistorio iliturgitano percibió un sesgo ideológico por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, que criticó duramente.

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